El partido empezó con la intensidad que prometía el cartel. Luis de la Fuente apostó por la continuidad y la fiabilidad: Fabián Ruiz en el centro del campo para equilibrar la dureza de Tchouameni y Rabiot. Francia es difícil de superar por esa zona, pero España tampoco vive de la fuerza bruta. Su arma es otra: el balón, la combinación, la capacidad de hacer correr al rival hasta que agota sus recursos mentales.

La primera mitad estuvo marcada por el control español y los sustos puntuales de un Mbappé que buscaba imponer su ley sin encontrar del todo la puerta de Unai Simón. Barcolá fue el más peligroso de los galos por la banda, pero la solidez defensiva española, con Laporte como muro y Rodri como metrónomo, anuló cualquier intento de profundidad real.

El penalti que abrió la final

Fue Lamine Yamal, más listo que nadie incluso cuando el balón no le pertenece, quien provocó la pena máxima. Anticipó el salto, recibió la falta y Oyarzabal se encargó del resto: sin paradita, sin teatro, golpeó duro y alto. Imposible para Maignan.

España gestionó el desconcierto francés con la misma calma que lleva exhibiendo desde el primer partido. Y llegó el segundo. Porro recibió en el área tras una dejada exquisita de Dani Olmo, se paró, midió y cruzó el balón a la red con la convicción de quien lleva toda la vida esperando ese momento.

Francia intentó la remontada con Mbappé al frente, reclamando galones, pidiendo el balón, buscando la épica. Llegó demasiado tarde y sin puntería. El primero lo tapó Unai, el segundo se fue por centímetros. Olise y Dembelé desaparecieron del partido mucho antes del pitido final.

Un equipo que juega con ideas y también con agallas

Lo más notable de esta España no es solo la calidad técnica, sino la solidez que ofrece cuando tiene que defender. Un sistema ordenado, una presión constante hacia arriba y muchas piernas para cerrar los pases en profundidad. Francia, el mejor ataque del Mundial en papel, no encontró el camino hacia Unai con claridad.

El partido fue un ejercicio de coherencia colectiva. Cuando Saliba cayó lesionado antes del descanso, nadie en el bando español aprovechó el momento para aflojar. Todo lo contrario.

España jugará su segunda final mundialista. La primera fue en 2010, con aquel gol de Andrés Iniesta que aún resuena. Ahora, en Nueva York, espera otro capítulo de una historia que de momento no tiene techo.

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«Si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado», añadió Trump, en un tono que mezcla el elogio con la advertencia y que resume bien su estilo diplomático.

Un acuerdo sin explicar

Ni Trump ni el Gobierno español han aclarado a qué «solicitud de pago» se refiere el mandatario republicano. Hasta ese momento, el principal foco de tensión entre Washington y Madrid giraba en torno al objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa, una meta que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado sistemáticamente por considerarla desproporcionada respecto a las necesidades reales de la Alianza Atlántica. Que ahora Trump hable de una concesión española relevante sin concretar nada resulta, cuanto menos, llamativo.

El propio Sánchez había desvelado el día anterior que ambos mantuvieron una charla informal mientras esperaban la foto de familia de la cumbre, «con absoluta y total cordialidad», en la que hablaron de fútbol y de golf. El presidente del Gobierno insistió en que las relaciones bilaterales son «muy, muy positivas» y que «son más las cosas que nos unen que las que nos separan», pese a que los ataques públicos de Trump apuntaban en dirección contraria.

Sánchez, entre la cordialidad y el déficit comercial

Antes de que Trump lanzara sus elogios, Sánchez ya intentaba rebajar la tensión con un argumento recurrente: que España «sufre un déficit comercial con Estados Unidos» y que, en cualquier caso, la política comercial corresponde negociarla a la Comisión Europea, no a los gobiernos nacionales. «Las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos», zanjó.

El problema es que esa línea argumental, correcta en términos técnicos, choca con la realidad de una cumbre en la que Trump presionó directamente a los líderes europeos y obtuvo respuestas individuales. Sánchez salió de Ankara presumiendo de buena sintonía personal con el presidente estadounidense, pero sin explicar qué comprometió exactamente para pasar de los ataques al elogio en cuestión de horas. La opacidad del Gobierno sobre el contenido del supuesto acuerdo no hace más que alimentar las preguntas.

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El Papa se presentó «como Pastor de la Iglesia católica» y aclaró desde el principio que respeta «la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar». Pero también les formuló una pregunta que sobrevoló toda la intervención: qué concepción de la persona humana inspira las leyes que aprueban y qué tipo de sociedad construyen con ellas.

El discurso, cuidadosamente elaborado, evocó la herencia intelectual de la Escuela de Salamanca, que hace cinco siglos introdujo «en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder». León XIV trazó una línea directa entre aquel legado y las decisiones que hoy se toman en las Cortes, sugiriendo que esa tradición obliga.

La vida, el aborto y la eutanasia: un mensaje sin rodeos

La parte más incómoda para el Gobierno de Sánchez llegó cuando el Papa aplicó esos principios a cuestiones concretas. «Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural», afirmó. La frase no cayó en el vacío: esta semana arrancan en el Congreso los debates para ampliar los supuestos de la eutanasia, y el Ejecutivo estudia constitucionalizar el aborto como derecho fundamental.

León XIV advirtió que «el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana no puede quedar subordinado a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento». Y fue más lejos: «¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio?». Cuando la certeza sobre la dignidad de toda vida se oscurece, subrayó, «los más vulnerables son las primeras víctimas».

El Pontífice extendió esa defensa de la dignidad al ámbito familiar y educativo, reivindicando el «derecho primario e inalienable» de los padres a elegir la formación de sus hijos, y a las migraciones, que calificó de «cuestión eminentemente moral y jurídica» que exige respuestas coordinadas, no solo gestión de flujos.

Libertad religiosa y un aviso sobre el secreto de confesión

El Papa también llamó a proteger la libertad de conciencia y de religión, advirtiendo de que «la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso». En ese marco, defendió expresamente el secreto de confesión frente a los intentos de varios países occidentales de obligar a los sacerdotes a quebrantarlo, apoyándose en el Acuerdo de Helsinki y en jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.

Su intervención culminó con una llamada a moderar el debate público y a cultivar lo que denominó una «cultura de la reciprocidad», rechazando que «la pluralidad política degenere en descalificación permanente del adversario». Una petición que, en el contexto de la crispación parlamentaria española, sonó tan pertinente como difícil de cumplir.

León XIV se convierte así en el quinto Papa en dirigirse a un parlamento, tras Juan Pablo II en Italia, Benedicto XVI en el Reino Unido y Alemania, y Francisco en Estados Unidos. Su mensaje deja una pregunta abierta sobre la mesa de las Cortes: qué entiende cada formación política por dignidad humana cuando vota.

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Tras un encuentro privado con los monarcas y con Sánchez, el pontífice se trasladó al Palacio Real para la ceremonia oficial de bienvenida, en la que también estuvieron presentes la princesa Leonor, la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fue allí donde pronunció sus primeras palabras públicas en suelo español.

Un discurso contra la polarización desde el Palacio Real

El mensaje de León XIV en el Palacio Real no dejó margen para interpretaciones. El papa advirtió sobre quienes «avivan el fuego de las polarizaciones» en busca de popularidad, criticó a quienes «se encierran en ideologías prefabricadas» y llamó a «huir de los enfoques identitarios» que «pueblan el mundo de fantasmas y enemigos». «Nuestra época, que en apariencia se sacude por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz», afirmó el pontífice. Un discurso sin destinatario explícito, pero con referencias lo suficientemente reconocibles como para no pasar inadvertidas, y que Sánchez escuchó en primera fila sin que el Gobierno haya emitido valoración pública al respecto.

Después del acto en el Palacio Real, el papa recorrió en papamóvil las calles hasta la plaza de Colón, donde miles de personas le esperaban. Más tarde se dirigió al centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid, donde escuchó los testimonios de tres personas en situación vulnerable: Niurka, una abogada llegada desde Cuba; Khardy, un senegalés que llegó a España en plena pandemia en 2020; y Alicia, voluntaria del proyecto Esperanza de las Adoratrices.

Medio millón de jóvenes en la plaza de Lima

La jornada culminó en la plaza de Lima, adonde el papa llegó en papamóvil recorriendo el paseo de la Castellana y donde, según datos de la Delegación del Gobierno, se congregaron 500.000 personas. En su discurso ante los jóvenes, León XIV apeló a la autenticidad y al compromiso: «Sed humanos, hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables». También llamó a ser «misioneros del evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo».

Esta visita, que se prolongará hasta el 12 de junio, incluye también paradas en Barcelona el día 9, Gran Canaria el 11 y Tenerife el 12. Un viaje que ya apunta a convertirse en uno de los hitos del nuevo pontificado.

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El hantavirus se transmite por inhalación de aerosoles procedentes de excrementos, orina o saliva de roedores infectados. No existe transmisión directa entre humanos en la mayoría de sus variantes —con la excepción documentada del virus Andes, predominante en el Cono Sur—, lo que lo diferencia de otros patógenos de alta atención mediática. Sin embargo, su letalidad y su estrecha vinculación con el cambio climático y la degradación de ecosistemas lo sitúan en la agenda de los foros sanitarios globales, desde la OMS hasta el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Una gestión que llega tarde

En España, la crítica más recurrente al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas es precisamente esa: actúan cuando el brote ya existe, no antes. Los programas de vigilancia ambiental y monitoreo de poblaciones de roedores carecen de financiación constante, y la información epidemiológica entre administraciones sigue atascándose en cuellos de botella burocráticos que ralentizan cualquier respuesta coordinada. La propia creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que debería haber resuelto parte de este problema, no ha eliminado las fricciones entre el nivel central y las autonomías.

A esto se suma otro flanco débil: la comunicación de riesgo en el medio rural. Los trabajadores agrícolas y las poblaciones de zonas forestales, los más expuestos, siguen siendo los menos informados. Las alertas tienden a circular en ámbitos académicos y clínicos, sin traducirse en campañas de prevención accesibles para quienes más las necesitan.

En el lado positivo, España cuenta con el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, una referencia técnica de primer nivel en Europa, y su sistema de vigilancia está integrado en las redes del ECDC. Cuando se detecta un caso, la respuesta clínica es sólida. El problema no es la capacidad técnica; es la arquitectura de coordinación y la voluntad política de anticiparse.

El hantavirus como termómetro geopolítico

A escala global, el hantavirus funciona como un espejo de las desigualdades en infraestructura sanitaria. En América Latina, Argentina y Chile gestionan el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus como una enfermedad endémica con alta mortalidad y han construido marcos de cooperación transfronteriza para vigilar los vectores. En Eurasia, Rusia y China afrontan variantes que provocan Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal, cuya incidencia se dispara en contextos de conflicto o desplazamiento masivo.

El debate en foros internacionales gira cada vez más en torno a la doctrina One Health —Una Sola Salud—, que integra la vigilancia de la salud humana, animal y ambiental como un sistema único. Un enfoque que España adopta sobre el papel, pero que aún no ha materializado en una política rural coherente y con recursos suficientes. Si un caso aislado escala por falta de coordinación, el coste no será solo sanitario: será también de credibilidad internacional.

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El ministro español José Manuel Albares llegó a Luxemburgo con un mensaje de urgencia. «Hoy Europa se juega su credibilidad», advirtió. No le sirvió de mucho. La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, fue rotunda al concluir la reunión: «No he visto un cambio de posiciones en la sala sobre la suspensión».

Berlín y Roma frenan, pero sin romper con Netanyahu

Alemania e Italia volvieron a ejercer de freno. El ministro alemán Johann Wadephul criticó la pena de muerte y la violencia de los colonos, pero defendió que la respuesta debe pasar por «un diálogo crítico y constructivo con Israel». Su homólogo italiano, Antonio Tajani, fue más directo: «No creo que bloquear un acuerdo comercial sea una herramienta útil». Dos posiciones que, aunque con matices distintos, coinciden en el mismo resultado: ninguna acción colectiva.

El giro reciente en Roma —Giorgia Meloni suspendió la renovación automática del Acuerdo de Defensa con Israel— generó cierto optimismo previo entre los diplomáticos. Ese optimismo no sobrevivió a la reunión.

España, aislada con Irlanda y Eslovenia

España, Irlanda y Eslovenia remitieron el viernes una carta a Kallas pidiendo revisar el acuerdo, recordando que el pacto —en vigor desde el año 2000— está vinculado al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional. La irlandesa Helen McEntee coincidió con Albares: «Israel ha promulgado una ley que introduce, en esencia, la pena de muerte contra el pueblo palestino. Es totalmente inaceptable».

Pero el aislamiento de este bloque es real. Francia y Suecia propusieron algo más acotado: restringir el comercio con los asentamientos ilegales en Cisjordania, sin cuestionar el acuerdo de asociación. Una vía que Kallas trasladará al comisario de Comercio, pero que dista mucho de lo que Albares pedía como «señal fuerte».

España lleva meses elevando el tono contra Netanyahu sin conseguir arrastrar a sus socios europeos. Lo que en Madrid se vende como liderazgo moral, en Bruselas se percibe cada vez más como una posición sin masa crítica suficiente para traducirse en política comunitaria.

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La trampa semántica que separa dos conceptos

La distinción no es un tecnicismo menor. España, como la mayoría de países occidentales, defiende históricamente la «política de una sola China»: una fórmula deliberadamente ambigua que reconoce a la República Popular como gobierno legítimo, pero elude cualquier pronunciamiento explícito sobre la soberanía de Taiwán. El «principio de una sola China», en cambio, es la formulación propia de Xi Jinping: Pekín sostiene con ella que Taipéi forma parte inalienable de su territorio, sin matices ni espacio para la interpretación.

No es la primera vez que China introduce esta distinción de forma interesada. En la visita de Sánchez a Pekín en 2024, el comunicado chino ya recogía que el presidente español «se adhiere firmemente a la política de una sola China», no al «principio». Este año, el salto semántico es mayor, y la Moncloa ha optado por remitir a la ficha oficial del Ministerio de Exteriores como única respuesta, sin desmentir el texto directamente ni exigir ninguna rectificación pública.

La respuesta del Gobierno español resulta, cuanto menos, tibia. Moncloa se limita a señalar que España «no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán» y gestiona sus vínculos con la isla a través de la Cámara de Comercio, un organismo de perfil bajo. Esa versión contradice al comunicado de Pekín, pero el Ejecutivo de Sánchez evita decirlo con esa claridad.

Pekín capitaliza el encuentro más allá de lo pactado

El texto chino va todavía más lejos. Atribuye a Sánchez el apoyo explícito a cuatro iniciativas globales propuestas por Xi, entre ellas la Iniciativa de Gobernanza Global, un paquete de proyectos con el que Pekín busca redefinir las reglas del sistema internacional. Estas propuestas, presentadas ante aliados como Vladímir Putin en foros como la Organización de Cooperación de Shanghái, forman parte de la estrategia china para consolidar un bloque alternativo al liderado por Washington.

El comunicado de Pekín también recoge que Sánchez manifestó que España «valora enormemente la posición de China como gran potencia». Ninguna de estas frases trascendió en el tramo del encuentro abierto a la prensa española acreditada.

Este tipo de «lecturas chinas» tras reuniones bilaterales no son una novedad diplomática. Pekín las utiliza de forma sistemática para fijar posición, proyectar alineamientos favorables y construir un relato que refuerza sus propios intereses estratégicos en Europa. El problema no es solo lo que China dice: es que el Gobierno español no ofrece una versión pública detallada que permita contrastar qué se dijo realmente dentro de la sala.

Para Taiwán, una isla que funciona de facto como un Estado independiente —con Constitución propia, ejército y líderes elegidos democráticamente— este tipo de deslizamientos semánticos tienen consecuencias directas. Y para Xi, que ha reiterado en múltiples ocasiones su aspiración a la «reunificación», incluido el uso de la fuerza, que un presidente europeo avale su «principio» representa un espaldarazo de primer orden. Con o sin el consentimiento real de Sánchez.

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Begoña Gómez se sirvió de su «condición de esposa de» Pedro Sánchez para «influir» en sus negocios privados. Así lo sostiene el juez Juan Carlos Peinado en su instrucción, que apunta directamente a la cúpula del Ejecutivo: desde la llegada de la pareja al Palacio de la Moncloa, según el magistrado, «se tomaron decisiones» favorables a la cátedra que dirige Gómez. El propio domicilio oficial del presidente sirvió de escenario para celebrar «reuniones» en las que su esposa hizo valer, presuntamente, su cercanía al poder.

La tesis del instructor no deja mucho margen a la interpretación: Gómez habría explotado no solo su relación «personal» con el líder del PSOE, sino también la influencia que este ejerce sobre «el resto de la administración». Una cadena de favores que, de confirmarse, dibujaría un cuadro de interferencias entre la vida pública de Sánchez y los intereses privados de su entorno más íntimo.

Cuando el despacho presidencial actúa como sala de negocios

Este tipo de casos plantea preguntas de largo recorrido sobre los límites entre la institución y la familia del que la ocupa, un debate que trasciende fronteras y que afecta a la credibilidad de cualquier ejecutivo, independientemente de su signo político. En España, sin embargo, el contexto adquiere una dimensión especial: Sánchez lleva meses esquivando la presión judicial con una narrativa de persecución, pero la acumulación de frentes judiciales —y ahora este auto con carga específica sobre su figura— complica el relato.

La defensa del presidente ha descartado irregularidades y ha señalado la instrumentalización política del proceso, argumentos que el círculo gubernamental repite con disciplina. Pero las conclusiones del juez Peinado no se sustentan en hipótesis: se apoyan en una reconstrucción de hechos que sitúa el Palacio de la Moncloa en el centro de una presunta operación de influencia.

Sánchez ya no solo lidia con la presión opositora o con la aritmética parlamentaria que sostiene, con alfileres, su coalición de gobierno. Ahora enfrenta algo más incómodo: un relato judicial que lo coloca en el origen mismo del problema, no como testigo lejano, sino como figura cuya posición habría habilitado, según el magistrado, las condiciones para que Begoña Gómez actuara con la cobertura del Estado.

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El Gobierno chino ha expresado su rechazo al uso del comercio como instrumento de presión política, una declaración que llega después de que Donald Trump amenazara con cortar relaciones comerciales con España por la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a permitir que Estados Unidos utilizara las bases compartidas de Rota y Morón en operaciones relacionadas con el ataque a Irán.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó durante una rueda de prensa que la ofensiva militar contra Irán supone «una violación del derecho internacional». En ese contexto, añadió que «el comercio no debería ser empleado como herramienta ni arma».

La reacción china introduce un nuevo actor en una disputa diplomática que hasta ahora se centraba en el enfrentamiento entre Washington y Madrid. Pekín mantiene habitualmente una postura cauta en conflictos internacionales, pero su mensaje sugiere un respaldo político indirecto al Gobierno español en este episodio.

Mientras tanto, Donald Trump elevó el tono en sus declaraciones públicas. Durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente estadounidense criticó duramente la decisión española y calificó su comportamiento de «terrible». Trump incluso afirmó que había pedido a su secretario del Tesoro estudiar la interrupción de las relaciones comerciales con España.

Acercamiento de Sánchez a China

El choque con Washington se produce además en un momento en el que Pedro Sánchez refuerza su estrategia de acercamiento a China. El presidente del Gobierno prepara una nueva visita oficial a Pekín prevista para abril, que sería la cuarta en tres años, una frecuencia poco habitual en la relación bilateral entre ambos países.

Este movimiento diplomático se interpreta como un intento de España de ampliar su margen de maniobra en un escenario internacional cada vez más polarizado entre las grandes potencias. Sánchez ha defendido en distintas ocasiones que Europa debe reforzar sus vínculos con Asia para diversificar alianzas en un contexto de creciente rivalidad geopolítica.

Durante una visita anterior a China, el presidente español sostuvo que la Unión Europea debía mejorar sus relaciones con el país asiático y actuar como “constructor de puentes” en el sistema internacional. Sin embargo, ese posicionamiento también ha generado fricciones con sectores de la política estadounidense, que ven con recelo una aproximación estratégica de aliados europeos hacia Pekín.

China mantiene cautela ante la escalada regional

A pesar de su respaldo retórico a la postura española, China ha mantenido una actitud prudente ante la escalada militar en Oriente Medio. Pekín ha expresado “seria preocupación” por las operaciones militares contra Irán y ha llamado a las partes implicadas a frenar la escalada.

Mao Ning subrayó que el estrecho de Ormuz constituye una ruta clave para el comercio mundial de energía y mercancías, por lo que su estabilidad resulta esencial para la economía global. China depende parcialmente del petróleo iraní, lo que explica su atención a la evolución del conflicto.

El mensaje chino combina así dos objetivos: evitar una escalada militar que afecte a sus intereses energéticos y, al mismo tiempo, reforzar su narrativa de defensa del multilateralismo frente al uso de presiones económicas en la política internacional.

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La intervención de Sánchez se produjo tras las críticas de Trump a la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva estadounidense contra Irán. Por su parte, Washington llegó incluso a insinuar posibles represalias comerciales contra España, lo que ha elevado el tono político del enfrentamiento.

Durante su comparecencia, Sánchez defendió que la posición del Ejecutivo español se basa en el respeto al derecho internacional y en el rechazo a la guerra contra Irán como instrumento de política exterior.

El presidente sostuvo que el Gobierno mantiene una línea coherente con otros conflictos recientes. De hecho, según explicó, España defiende la legalidad internacional frente a acciones militares que puedan quebrarla.

“La posición del Gobierno de España es la misma que en Ucrania o en Gaza: no a la quiebra del derecho internacional, no a repetir los errores del pasado”, afirmó.

Sánchez reforzó su mensaje con un lema político directo: “No a la guerra”. El jefe del Ejecutivo recordó además la intervención militar en Irak en 2003 como precedente de una escalada que terminó debilitando la estabilidad internacional.

“El regalo del trío de las Azores fue un mundo más inseguro y una vida peor”, afirmó, en referencia a la cumbre que precedió a la invasión de Irak.

Un choque diplomático creciente con Trump

El rechazo de Sánchez a la guerra contra Irán se produce en un contexto de fricción diplomática con Trump. El presidente estadounidense criticó la decisión española de impedir el uso de instalaciones militares clave para la ofensiva, lo que ha abierto un nuevo foco de tensión entre ambos gobiernos.

La reacción de Moncloa refleja una estrategia que intenta combinar distancia política respecto a la operación militar con una apelación constante al marco del derecho internacional y al multilateralismo.

El Ejecutivo también intenta proyectar una imagen de responsabilidad ante el impacto potencial del conflicto en Oriente Próximo. Asimismo, Sánchez anunció que el Gobierno trabaja en planes de evacuación de ciudadanos españoles en la región y estudia posibles medidas para mitigar efectos económicos derivados de la escalada.

La situación en el estrecho de Ormuz y la volatilidad en los mercados energéticos forman parte de los escenarios que analiza el Ejecutivo.

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