Las autoridades precisaron que el primer temblor, reportado inicialmente con magnitud 7,2, fue reclasificado posteriormente como un sismo precursor del evento principal de 7,5. Un fenómeno así, conocido como doblete sísmico, ocurre cuando dos terremotos de gran magnitud se producen casi simultáneamente en la misma zona, lo que complica tanto la evaluación de daños como las labores de rescate.

Emergencia declarada y miles de venezolanos en la calle

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en una intervención televisiva en la que confirmó 20 réplicas y la suspensión de clases para el jueves. Las autoridades instaron a la población a no permanecer en edificios, y miles de venezolanos pasaron la noche en la calle ante el riesgo de nuevos derrumbes. En la localidad de Baruta, en las afueras de Caracas, el alcalde Darwin González confirmó tres muertos entre los escombros de estructuras colapsadas y el rescate del resto de atrapados, aunque la zona continúa sin suministro eléctrico.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó el desplome de varios edificios en la capital y el despliegue de equipos de seguridad para las labores de rescate.

Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que se canceló horas después sin que se registraran olas de carácter destructivo.

Reacciones políticas y oferta de ayuda internacional

La líder opositora María Corina Machado expresó su solidaridad con los afectados y pidió «fortaleza, serenidad y solidaridad» ante lo que calificó como «horas de angustia». Por su parte, el expresidente Edmundo González Urrutia fue más incisivo: advirtió que los equipos de rescate, el sistema sanitario y las comunicaciones llegan a esta tragedia «destruidos» y reclamó apoyo internacional, apuntando directamente al deterioro del Estado venezolano. «Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado», escribió en X.

Desde Washington, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social ofreciendo la ayuda de su Gobierno. «Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar», señaló, añadiendo que había dado instrucciones a todos los organismos federales para actuar «con rapidez».

En España, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó seguir «con preocupación» la situación de los cerca de 70.000 ciudadanos canarios que residen en Venezuela, y confirmó que su Ejecutivo mantiene contacto con la comunidad y con el consulado general español en el país.

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Guanipa se convierte así en el primer preso político del mandato de Delcy Rodríguez, una circunstancia que adquiere mayor relevancia por producirse en paralelo al avance parlamentario del proyecto de ley de amnistía, aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional. La coincidencia temporal alimenta las dudas sobre el alcance real de ese texto y sobre la voluntad del poder ejecutivo de transformar el actual esquema de control político.

El propio hijo del opositor, Ramón Guanipa, confirmó públicamente que su padre cumple la medida cautelar en su domicilio, aunque insistió en que el arresto domiciliario no equivale a libertad. La familia denunció la falta de información durante más de 24 horas tras la nueva detención, un patrón recurrente en actuaciones de los cuerpos de seguridad venezolanos. Según su versión, hombres armados y sin identificación interceptaron el vehículo de Guanipa pese a que el dirigente solo tenía prohibición de salida del país y obligación de comparecer periódicamente ante los tribunales.

Proceso de liberaciones

La breve excarcelación de Guanipa se inscribía en un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno el 8 de enero. Desde entonces, el Ejecutivo sostiene que ha liberado a 897 personas, aunque evita publicar un listado oficial. La ONG Foro Penal, referencia en la defensa de presos políticos, ha verificado hasta ahora 426 excarcelaciones, una diferencia que mantiene abierto el debate sobre la transparencia del proceso.

Durante las horas en libertad, Guanipa apeló a una reconciliación nacional basada en la verdad y reiteró su vínculo político con María Corina Machado, una de las figuras más incómodas para el oficialismo. Su rápida reclusión posterior refuerza la idea de que el Gobierno tolera gestos discursivos, pero castiga cualquier intento de capitalización política del momento.

En términos estructurales, el caso de Juan Pablo Guanipa proyecta un mensaje claro hacia dentro y fuera del país: el mandato de Delcy Rodríguez mantiene intacta la capacidad coercitiva del Estado, incluso mientras impulsa iniciativas legales que buscan mejorar su imagen internacional. El equilibrio entre liberaciones parciales y nuevas detenciones configura un modelo de control que prioriza la gestión política del conflicto por encima de una apertura real.

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Rodríguez defendió la iniciativa como un paso hacia una convivencia política menos confrontativa y afirmó que la propuesta pretende “reparar las heridas” acumuladas durante décadas de conflicto. El proyecto excluiría delitos comunes como homicidio o narcotráfico, y se centraría en causas vinculadas a la actividad política. El Gobierno encargó la redacción del texto a instancias controladas por el chavismo, que prevé someterlo a votación en la Asamblea Nacional en cuestión de días.

La iniciativa llega tras un proceso de liberaciones parciales que el oficialismo presenta como masivo, aunque organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos cuestionan las cifras. Mientras el Gobierno habla de más de 800 excarcelaciones, ONG y defensores legales reducen el número a poco más de 300. Muchos liberados siguen bajo medidas cautelares, con restricciones de movilidad, limitaciones a la actividad pública y riesgos de nuevas detenciones.

El Helicoide

El anuncio incluye también la reconversión de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato represivo venezolano, en un complejo de servicios sociales y deportivos para funcionarios policiales y sus familias. La decisión pretende simbolizar un giro institucional, aunque críticos consideran que se trata de un gesto político que no sustituye la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos documentadas durante años.

El chavismo ha utilizado históricamente a los presos políticos como moneda de negociación, con liberaciones selectivas en contextos de diálogo internacional. Mediadores como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Qatar han participado en procesos previos, con resultados limitados y sin cambios estructurales en el sistema judicial venezolano.

Sectores de la oposición y de la sociedad civil han exigido desde hace años una amnistía amplia, pero también mecanismos de reparación, garantías de no repetición y reformas institucionales profundas. Organizaciones de familiares y víctimas insisten en que una transición política creíble requiere liberar a los detenidos injustamente, revisar procesos judiciales y ofrecer garantías a exiliados y perseguidos. La iniciativa de Rodríguez se interpreta como un intento del chavismo de recomponer su legitimidad interna y externa, en un contexto de presión social y supervisión internacional, sin renunciar al control del aparato estatal.

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Machado llegó al recinto vestida de blanco y accedió por una entrada lateral alrededor del mediodía. La reunión tomó la forma de un almuerzo de trabajo en un salón secundario de la Casa Blanca, junto al Despacho Oval, y se prolongó algo más de dos horas. Al salir, Machado se dirigió a simpatizantes congregados en las inmediaciones y afirmó: “Contamos con el presidente Trump para la liberación de Venezuela”.

Transición en Venezuela

La cita se produjo doce días después de la intervención militar en Venezuela que culminó con la captura en Caracas de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según la información disponible, un tribunal federal de Nueva York procesa a ambos por delitos vinculados a “conspiración narcoterrorista” y por tráfico de cocaína y armas. Desde el primer día de esa operación, Trump dejó claro que no considera a Machado la figura idónea para pilotar una transición y se reservó un papel central en el diseño político posterior.

La Casa Blanca explicitó esa distancia antes y después del encuentro. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que Trump sigue dudando de la capacidad de Machado para suceder a Maduro y describió esa evaluación como “realista” y sin cambios. A la vez, Leavitt calificó a Machado como una voz “notable y valiente” para muchos venezolanos y presentó la reunión como una conversación “buena y positiva”.

Contraste con Delcy Rodríguez

El contraste se amplificó por el mensaje previo del presidente sobre Delcy Rodríguez. Trump la describió como una “persona estupenda” y sostuvo que Estados Unidos “trabaja muy bien con ella” desde que asumió el mando con el aval de Washington. Leavitt reforzó esa línea al señalar que Trump habló directamente con Rodríguez esta semana y que Marco Rubio y la Administración mantienen “comunicación constante” con ella y con otros miembros del gobierno interino. Según la portavoz, esas autoridades han cooperado y han cumplido con demandas y solicitudes de Washington “hasta el momento”.

Machado llegó a Washington, según su equipo, para expresar gratitud por el apoyo estadounidense, pedir la liberación de presos políticos y defender que una continuidad de Rodríguez consolidaría un esquema de poder incompatible con una transición. La reunión también se interpretó como un pulso por la influencia interna en el plan de tutela política y económica que Washington proyecta sobre Venezuela, con el petróleo como variable de fondo.

En términos más duraderos, el episodio apunta a una estrategia de Trump centrada en el control del proceso y en socios funcionales, incluso si proceden del aparato chavista. Esa decisión tensiona la legitimidad de cualquier transición y desplaza el debate hacia quién administra el poder en Caracas, bajo qué garantías y con qué horizonte electoral.

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El nuevo ciclo de liberaciones se desarrolla en un escenario político excepcional: la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, tras una operación atribuida a fuerzas especiales de Estados Unidos, y la consolidación de Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”. Distintas fuentes y mediadores describen a Rodríguez como una dirigente con mayor disposición a flexibilizar la política de detenciones, aunque también mencionan resistencias internas dentro del aparato chavista. Ese choque, sumado a la opacidad institucional, alimenta expectativas y dudas entre familiares y ONG.

Entre los excarcelados figuran dos ciudadanos italianos y el hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. San Miguel salió de prisión el sábado y ya se encuentra en España. Tanto en estos casos como en otros, las autoridades han impuesto condiciones: varias personas liberadas mantienen procesos abiertos, afrontan restricciones y, según fuentes citadas, tienen prohibido hacer declaraciones públicas. Ese esquema permite al poder conservar capacidad de presión y reduce el impacto político inmediato de cada excarcelación.

Italianos liberados

Italia ha celebrado públicamente las liberaciones. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que habló con sus compatriotas y que regresarán pronto, y la primera ministra Giorgia Meloni se implicó en gestiones diplomáticas, según lo difundido. En el plano regional, el chavismo también ha intentado encuadrar el proceso como resultado de mediaciones diversas: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, agradeció la participación de Luiz Inácio Lula da Silva, José Luis Rodríguez Zapatero y Qatar al anunciar el inicio del movimiento.

Washington observa el proceso como un indicador de gobernabilidad y de alineamiento. Donald Trump celebró el sábado que Venezuela “ha empezado… a lo grande” a liberar presos políticos y vinculó el cambio a la intervención estadounidense, con un mensaje de advertencia incluido. En paralelo, activistas sostienen que el país aún mantiene entre 800 y más de 1.000 presos políticos, según las organizaciones consultadas, y denuncian que las detenciones arbitrarias continúan.

Expertos como Carolina Jiménez (WOLA) subrayan la carga burocrática y el control político sobre el sistema judicial, mientras Alfredo Romero (Foro Penal) interpreta el proceso como un patrón repetido desde 2016: anuncios amplios, cumplimiento parcial y nuevas detenciones que compensan las salidas. La presencia de detenidos de múltiples nacionalidades refuerza además una dimensión diplomática: el Gobierno puede convertir ciertas excarcelaciones en moneda de negociación con terceros.

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Esta decisión, que incluye la excarcelación de cinco ciudadanos españoles —entre ellos un marinero canario y dos turistas vascos—, valida la vigencia de la diplomacia soterrada. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aparecen como los artífices intelectuales de este giro, logrando concesiones que la diplomacia de micrófono no había conseguido.

Entre los liberados destacan figuras de peso como Enrique Márquez y Juan Pablo Guanipa, detenidos arbitrariamente tras las elecciones de 2024. El ministro español José Manuel Albares ha calificado el gesto de «paso positivo», señalizando que Madrid recoge el guante de la distensión. Caracas busca así una «reconciliación nacional» que, en términos de realpolitik, se traduce en una necesidad urgente de legitimidad y alivio de sanciones para evitar un escenario de colapso similar al que hoy protagoniza Irán.

Maniobra internacional

En clave de política doméstica, la medida permite al oficialismo venezolano gestionar la presión sobre el sistema penitenciario y responder a las críticas sobre derechos humanos. Entre los liberados figuran pesos pesados de la oposición como Enrique Márquez y Juan Pablo Guanipa, detenidos tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024.

Márquez, ingeniero eléctrico y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, representa a un sector de la disidencia que intentó la vía institucional como candidato presidencial. Por su parte, Juan Pablo Guanipa, con una trayectoria ligada a Primero Justicia y a la vicepresidencia del Parlamento en la legislatura anterior, simboliza la resistencia política desde el estado Zulia. Sus liberaciones, tras más de un año de reclusión arbitraria, reconfiguran el liderazgo opositor activo en el país.

No obstante, las organizaciones de monitoreo mantienen la cautela. El Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recuerdan que, pese a estas liberaciones, las cifras de detenidos por motivos políticos siguen oscilando entre los 900 y los 1.000, muchos de ellos en condiciones de salud precarias que requieren atención inmediata.

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