El juez Pablo Llarena, encargado del caso del procés, ha expresado dudas sobre la aplicación de la amnistía y ha cuestionado si las órdenes de detención deben mantenerse. De momento, estas órdenes siguen vigentes, lo que impide a los encausados regresar a España sin riesgo de ser detenidos. Llarena ha subrayado la necesidad de determinar si los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos atribuibles a los encausados están cubiertos por la ley de amnistía y si estas acciones podrían considerarse excluidas debido a un posible daño a los intereses financieros de la Unión Europea.

Dos meses para aplicar la ley

El Supremo tiene dos meses para decidir si aplica la amnistía, eleva una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE o el Constitucional, o rechaza la medida de gracia. Los informes solicitados deben considerar si la amnistía cubre los delitos atribuidos a los encausados y si las medidas cautelares deben mantenerse o modificarse.

La magistrada Susana Polo, que lleva el caso Tsunami Democràtic, y el juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, también han pedido a las partes que informen sobre la aplicación de la amnistía en sus respectivos casos. En el juicio del procés, encabezado por el juez Manuel Marchena, se ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los fiscales del juicio del procés para coordinar la respuesta al Supremo, evidenciando una división interna en el Ministerio Público sobre la aplicación de la amnistía. Los fiscales han mantenido su postura contraria a amnistiar a los encausados por malversación, mientras que García Ortiz parece inclinarse por aplicar la ley a todos los hechos vinculados al procés. Si no hay acuerdo, la junta de fiscales podría intervenir para decidir la posición del Ministerio Público.

La entrada El Supremo mantiene las órdenes de detención mientras estudia la aplicación de la amnistía se publicó primero en Foro Diplomático.

Entre las medidas inmediatas que deben adoptar los jueces se incluye el alzamiento de las órdenes de busca y captura, tanto nacionales como internacionales, y cualquier medida cautelar sobre los potenciales beneficiarios de la amnistía. Esta previsión afecta directamente a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, quien actualmente tiene una orden nacional de detención que ha impedido su regreso a España desde que huyó a Bélgica en noviembre de 2017. La decisión sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont está en manos del Tribunal Supremo, que debe estudiar su caso de malversación agravada y desobediencia.

Tres posibles escenarios

El Tribunal Supremo tiene tres posibles escenarios: amnistiar directamente a Puigdemont, elevar una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o al Tribunal Constitucional, o rechazar la aplicación de la amnistía. Diversas fuentes indican que el tribunal podría optar por consultar al TJUE debido a dudas sobre el encaje de la amnistía en el Derecho europeo y constitucional. En caso de proceder con esta consulta, la orden de detención de Puigdemont se levantaría temporalmente, permitiéndole regresar a España sin riesgo de arresto hasta que se obtenga una respuesta de la justicia europea.

La ley permite amnistiar la malversación de fondos públicos si los fondos se destinaron a financiar actos vinculados al procés y no hubo propósito de enriquecimiento personal. No obstante, el Tribunal Supremo deberá estudiar si este precepto encaja en su jurisprudencia, que considera enriquecimiento no solo el lucro personal, sino también otros beneficios.

Más allá de Puigdemont

Además de Puigdemont, las decisiones del alto tribunal afectarán a otros líderes independentistas condenados en 2019 por sedición y malversación, como Oriol Junqueras, quienes fueron indultados de la pena de cárcel pero no de la inhabilitación. El tribunal también debe determinar cómo la amnistía afecta a Puigdemont en la causa del Tsunami Democràtic, donde lo investigan por terrorismo. Hasta la fecha, no se han tomado medidas contra él en esta causa, aunque está citado a declarar por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio. La instructora, Susana Polo, deberá comunicar antes de esa fecha si mantiene la comparecencia.

La entrada Entra en vigor la ley de amnistía tras ser publicada en el BOE se publicó primero en Foro Diplomático.

La aprobación de la ley se produjo tras cinco meses y medio de difíciles negociaciones y un accidentado proceso parlamentario. La extrema derecha, representada por Vox, intentó boicotear el pleno mediante gritos e insultos a los miembros del Gobierno, sin éxito. El PSOE adoptó un perfil bajo durante el debate, delegando la defensa de la ley a un diputado poco conocido y con la ausencia notable del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien solo apareció minutos antes de la votación.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó duramente la ley, describiéndola como «el acta de defunción del PSOE» y calificando al presidente Sánchez de «cobarde» por su tardía aparición en el pleno. A pesar de los intentos de provocación de Vox, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, optó por reprimendas verbales en lugar de expulsar a los diputados más disruptivos.

Reacciones de los grupos políticos

La aprobación de la ley se celebró con entusiasmo por los grupos independentistas catalanes, quienes vieron en ella una victoria significativa. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, declaró que la amnistía representa «la primera derrota del régimen del 78» y proclamó «próxima parada, referéndum». Míriam Nogueras, de Junts, enfatizó que «la lucha continúa» y subrayó que la amnistía es una medida de reparación, no de pacificación.

Por otro lado, los nacionalistas vascos y gallegos aprovecharon la ocasión para recordar sus propias demandas pendientes. Jon Iñarritu, de EH Bildu, denunció la «represión desmedida» contra el movimiento independentista catalán, mientras que Mikel Legarda, del PNV, describió los eventos de 2017 como una «crisis constitucional por el derecho a decidir». Néstor Rego, del BNG, criticó el «severo déficit democrático» de España.

Impacto y futuro

La aprobación de la ley de amnistía en el Congreso marca el cierre de un ciclo conflictivo pero no resuelve el llamado «conflicto catalán». Los discursos de los líderes independentistas y nacionalistas reflejan una determinación a seguir adelante con sus respectivas luchas por la autodeterminación y una mayor democratización del Estado. La reacción de los jueces ante la nueva ley es ahora un punto crucial a observar, con incertidumbres sobre cómo se implementará y si habrá intentos de bloquearla desde el ámbito judicial.

Al final de la sesión, el resultado de la votación fue recibido con aplausos moderados desde los bancos del Gobierno, mientras que en la tribuna de invitados, figuras clave del independentismo catalán, como Oriol Junqueras y Jordi Turull, celebraban emocionados este hito legislativo.

La entrada El Congreso certifica la ley de amnistía entre la alegría independentista y el intento de boicot de la derecha se publicó primero en Foro Diplomático.

Tras el debate, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, optó por retrasar aún más la tramitación de la ley, que se vetó en una sesión tumultuosa adelantada un día. Según la senadora popular, esto representa un acto de «profunda corrupción política». Por otro lado, el senador del PSOE Antonio Magdaleno defendió la norma, señalando que los resultados de las elecciones catalanas respaldan la apuesta por la convivencia y la reconciliación.

El senador de Junts, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, denunció un «conflicto institucional sin precedentes» y criticó las maniobras del PP para sabotear la ley de amnistía en el Senado. Según él, la ley busca reparar injusticias y dejar atrás la represión.

Este conflicto institucional surge después de que la derecha plantease preocupaciones constitucionales y modificase la normativa para limitar las prerrogativas del Gobierno y del Senado en la tramitación de leyes de urgencia. El PP ha solicitado informes judiciales sobre la norma, incluido uno a la Comisión de Venecia, cuyas conclusiones fueron objeto de disputa.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado en un mensaje en redes sociales que el PP intentó eliminar referencias a la Comisión de Venecia en su proposición para retirar la ley, sugiriendo que reconocen el respaldo del organismo internacional a la amnistía.

La entrada El Senado bloquea la ley de amnistía y la devuelve al Congreso donde será aprobada se publicó primero en Foro Diplomático.

El juego de resistencia de los populares, respaldado por su mayoría absoluta en el Senado, contrasta con la acción de la mayoría parlamentaria del Congreso, generando un escenario inédito y cargado de tensiones. A pesar de este movimiento, el camino parlamentario de la ley de amnistía no se verá impedido ni dilatado.

El origen de este nuevo laberinto se encuentra en el informe de los letrados del Senado, cuyo contenido pone en duda la constitucionalidad de la medida de gracia. Aunque se plantea la posibilidad de un conflicto entre órganos constitucionales, este recurso no obstaculizará el avance de la norma. El pleno para aprobar este enfrentamiento institucional se celebrará después de Semana Santa, mientras que el Senado tiene hasta mediados de mayo para devolver la norma al Congreso.

La postura adoptada por el Congreso, respaldada por la mayoría progresista en su Mesa, contrasta con las acciones del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. Aunque se estudia la situación de conflicto, se subraya la importancia de que la ley continúe su tramitación conforme a lo establecido en la Constitución.

La entrada El Congreso y Senado protagonizan una pugna sin precedentes por la ley de amnistía se publicó primero en Foro Diplomático.

Sánchez ha confirmado su voluntad de efectuar modificaciones en la ley para asegurar su constitucionalidad y alineación con el derecho europeo, sin comprometerse a detalles específicos. Este ajuste en la normativa responde a la necesidad de otorgar mayores garantías a los implicados en el movimiento independentista, atendiendo especialmente a las demandas de Junts y su líder, Puigdemont, objeto de investigación por parte del Tribunal Supremo.

El comunicado conjunto emitido por los tres partidos resalta el esfuerzo por alcanzar un compromiso que se ajusta tanto a la constitución española como al derecho y jurisprudencia europeos, subrayando que la ley cubrirá a todas las personas vinculadas al proceso independentista. Se espera que los detalles de este acuerdo se hagan públicos antes de la votación en la Comisión de Justicia, subrayando el compromiso con la transparencia y el debido proceso legislativo.

Reacción del PP

Sin embargo, este avance en la legislatura no ha estado exento de controversia. Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del Partido Popular (PP), ha expresado su disconformidad, sugiriendo que este acuerdo podría complicar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según González Pons, la aprobación de esta ley, vista como una «humillación» por parte del PP, evidencia una rendición ante Junts y pone en riesgo la separación de poderes, al desautorizar al Tribunal Supremo.

Este pacto legislativo, por tanto, no solo busca cerrar una etapa marcada por el conflicto político y judicial en Cataluña, sino que también pone de manifiesto las tensiones existentes entre las fuerzas políticas a nivel nacional, especialmente en lo que respecta a la independencia judicial y la renovación de órganos gubernamentales claves. Él acuerdo para la aprobación de la ley de amnistía, considerada fundamental para avanzar hacia la reconciliación y la estabilidad política, se encuentra así en el centro de un complejo tablero político que desafía tanto la unidad interna de España como sus principios democráticos fundamentales.

La entrada Sánchez llega a un acuerdo con Junts y ERC para modificar la ley de amnistía en su tramitación parlamentaria se publicó primero en Foro Diplomático.

A pesar del rechazo, la norma no se descarta por completo. En cambio, regresa a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que tiene un mes para emitir un nuevo dictamen al respecto. En el debate previo a la votación, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cargó duramente contra la Justicia española, acusándola de prevaricación y pulsiones franquistas. Estas críticas también se repitieron en intervenciones de otros partidos como ERC, Bildu, BNG, Podemos y Sumar.

Recurso judicial del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido recurrirá la ley ante los tribunales y buscará la protección de la Unión Europea. También acusó a los independentistas de pagar con esta norma para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno.

Las enmiendas clave de Junts, rechazadas por PSOE, PP y Vox, buscaban amnistiar todos los delitos de terrorismo y ampliar el alcance de la amnistía a la traición, delitos contra la paz, la independencia del Estado y defensa nacional. Además, proponían luchar contra el «lawfare» y ampliar la amnistía a acciones atribuidas a operaciones policiales artificiosas.

En medio de fuertes tensiones, con 179 votos en contra y 171 a favor, la ley de amnistía regresa a la Comisión de Justicia del Congreso. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, leyó el resultado final de la votación.

El PP anunció su intención de recurrir la ley por todas las vías posibles, mientras que Junts mantuvo su postura firme al votar en contra del texto, llevando la norma de nuevo a la Comisión de Justicia para un nuevo dictamen.

La entrada Junts fuerza a devolver la Ley de Amnistía a la Comisión de Justicia tras su desacuerdo con el PSOE se publicó primero en Foro Diplomático.

La enmienda más destacada afecta directamente al tratamiento de los delitos de terrorismo, especialmente en casos relacionados con Tsunami Democràtic y los CDR. La nueva redacción elimina la condición de sentencia firme para amnistiar a los investigados, exonerándolos a menos que hayan cometido «violaciones graves de derechos humanos» de manera «manifiesta y con intención directa». Este cambio excluye la necesidad de una sentencia firme, antes un requisito crucial para la amnistía.

La modificación ha generado controversia, ya que algunos sostienen que amplía el blindaje para figuras prominentes como Carles Puigdemont y otros involucrados en casos vinculados a Tsunami Democràtic y los CDR. La nueva redacción aún debe pasar por el Pleno del Congreso y luego al Senado para su aprobación final.

Más ajustes

El PSOE, Junts y ERC también han acordado ajustes en el artículo 4 de la ley, destacando la eliminación de medidas cautelares adoptadas por acciones comprendidas en la amnistía, lo que incluiría la revocación de órdenes de busca y captura e ingreso en prisión.

La posición del Gobierno, inicialmente estableciendo los delitos de terrorismo como una «línea roja» no amnistiable, ha cambiado argumentando una adaptación a estándares europeos y una mejora técnica en la seguridad jurídica. Este giro ha generado críticas y debate, especialmente respecto a la percepción de seguridad jurídica.

Mientras tanto, la Comisión Europea está siguiendo de cerca la evolución de la ley de amnistía, pero no emitirá una evaluación definitiva hasta que el proceso parlamentario en España concluya, según indicó el representante del Ejecutivo comunitario en un debate en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La modificación de la ley ha generado preocupación y ocho quejas ciudadanas han recibido examen en relación con este asunto.

La entrada Cambios en la Ley de Amnistía: PSOE, Junts y ERC refuerzan protección a investigados por terrorismo del ‘procés’ se publicó primero en Foro Diplomático.

La crítica principal se centra en la falta de claridad y precisión en los delitos que serían objeto de amnistía, así como en la extensión temporal de la misma. Los letrados expresan su preocupación por la inclusión del delito de malversación, que también tiene alcance europeo, poniendo en riesgo la armonización de normas reguladoras en la Unión Europea.

Delitos de terrorismo

Otro punto de discordia es la exclusión de la amnistía para los delitos de terrorismo, a menos que haya una sentencia firme. Los letrados argumentan que esto podría chocar con el derecho comunitario, que exige a los Estados miembros tomar medidas contra el terrorismo, incluyendo complicidad e inducción.

En relación con las órdenes europeas de detención, el informe destaca que la ley podría afectar al ámbito del Derecho de la Unión Europea, especialmente en casos de delitos de terrorismo y malversación. Esto tendría implicaciones directas para figuras como Carles Puigdemont, actualmente procesado y acusado de malversación por el Tribunal Supremo español.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha indicado que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre posibles enmiendas, aunque destaca que la amnistía no abarcará delitos de terrorismo con sentencia firme, considerando esto un principio irrenunciable.

Ante la revelación del informe, el Partido Popular (PP) ha solicitado explicaciones a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien deberá aclarar su posición jurídica frente a los informes contradictorios de los letrados sobre el proyecto de ley de amnistía. El PP critica la distribución del informe de la Comisión de Justicia después del cierre del plazo de enmiendas, calificándolo como una estrategia de la «factoría Armengol».

La entrada Los letrados del Congreso cuestionan la constitucionalidad de la ley de amnistía propuesta por el PSOE se publicó primero en Foro Diplomático.

La presencia de Carles Puigdemont en el hemiciclo y las feroces críticas de partidos como el PP y Vox hacia la amnistía llevaron a Sánchez a defender la medida de gracia. Calificando a España como una de las democracias más plenas del mundo, Sánchez argumentó que la ley de amnistía, respaldada por una mayoría en el Congreso y constitucional, buscaba superar el conflicto en Cataluña. La llamada «agenda del reencuentro» con Cataluña, implementada desde su llegada al poder, fue una pieza central en su argumentación.

Asuntos nacionales en el Parlamento Europeo

Sánchez también aprovechó la ocasión para criticar al PP por su reluctancia a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus pactos con la extrema derecha, calificándolos de «lawfare». Afirmó que los indultos previos habían sido efectivos y que la amnistía fortalecería la concordia. Estas declaraciones generaron una mezcla de aplausos, abucheos y llamados al orden por parte de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

Por su parte, Puigdemont adoptó un tono más moderado, enfocándose en la necesidad de que el PSOE cumpla lo acordado con Junts. Sin amenazar con acciones drásticas, Puigdemont señaló la importancia de aprovechar las oportunidades políticas. Sánchez respondió afirmando su compromiso con la construcción de puentes y la promoción del uso de lenguas cooficiales, incluido el catalán.

Críticas a la amnistía

Mientras tanto, partidos como el PP y Vox centraron sus críticas en la amnistía, ignorando en gran medida otros temas de la UE. El PP, a través de su portavoz Manfred Weber, acusó a Sánchez de faltar a la verdad y cuestionó su enfoque hacia la democracia y el Estado de derecho. Dolors Montserrat, eurodiputada del PP, fue aún más crítica, describiendo a Sánchez como un presidente sin principios.

La única voz destacada que no mencionó la amnistía fue Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien se centró en otros asuntos, incluida la política energética europea y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles rusos.

El debate en el Parlamento Europeo en el que ha participado el presidente Sánchez refleja no solo la división política en España, sino también cómo los asuntos internos de un Estado miembro pueden influir y dominar el discurso en un escenario europeo. La sesión, marcada por la controversia y la confrontación, pone de manifiesto las complejidades y desafíos de la política española y su repercusión en el ámbito europeo.

La entrada Sánchez defiende la amnistía en el Parlamento Europeo frente al PP de Weber y Puigdemont se publicó primero en Foro Diplomático.